La Justicia a debate

La Justicia a debate: Coincidencia en el diagnóstico pero diferencias en el tratamiento necesario

Noticias JuridicasLa Justicia es uno de los temas más delicados que encontrará sobre la mesa el Gobierno que finalmente tome las riendas del país. La persona que resulte responsable del departamento de Justicia tendrá ante sí toda una serie de frentes abiertos a los que deberá dar respuesta estableciendo las líneas de actuación para resolver los problemas que afronta este ámbito de la Administración. Todo un reto para una cartera cargada de asuntos clave para el buen funcionamiento de la Justicia.

En este contexto, los portavoces de Justicia de los principales partidos políticos, (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) parecen tener claro que la solución para mejorar el sistema actual pasa por un gran pacto o acuerdo de Estado y por el “consenso”. Esa fue la palabra más repetida durante el debate que han mantenido este jueves los cuatro representantes políticos, en un encuentro informativo organizado por Wolters Kluwer y Europa Press y del que nos da cuenta Almudena Vigil.

La apertura del acto corrió a cargo de Vicente Sánchez, CEO de Wolters Kluwer España y Portugal, quien destacó que “un sistema judicial solvente requiere una dotación presupuestaria que permita a la Administración de Justicia contar a largo plazo con el talento de los mejores profesionales”.

Rafael Catalá: Hace falta una Estrategia Nacional de Justicia
A continuación, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, abrió el debate entre los portavoces políticos, señalando que el primer paso es el diagnóstico de la situación actual, y apostó por dar un salto cualitativo en un Pacto de Estado por la Justicia.

El ministro planteó las reformas necesarias en materia de Justicia en torno a cuatro ejes. En primer lugar, el fortalecimiento de una Justicia más independiente, que, aunque en su opinión ya lo es, cree que se debe trabajar en profundizar en ello, por ejemplo en el sistema de elección y funciones de los vocales del CGPJ, para lo que ofreció su plena disposición de cara a abrir un debate al respecto. En este terreno hizo alusión a las puertas giratorias, una cuestión a la que, según afirmó, hay que darle “una articulación razonable” en cuanto a la entrada y salida de la carrera judicial para incorporarse a la política. “Volver a la carrera al día siguiente no es buena solución”, dijo en presencia de la ex magistrada Victoria Rosell, que ha dejado su juzgado para entrar en política de la mano de Podemos, y Juan Carlos Campo, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial.

El segundo eje que planteó el ministro está relacionado con la Justicia como elemento que fortalece la seguridad jurídica, atrae inversiones y favorece el desarrollo económico. En este ámbito Catalá abordó el problema de la corrupción y sus propuestas para luchar contra esta lacra, destacando cuestiones como revisar el derecho de gracia, regular la actividad de los lobbies, dotándoles de transparencia y fortalecer la acción cotidiana de los órganos judiciales, dotándoles de medios.

En tercer lugar, habló de fortalecer la Justicia en el sentido de servicio público, momento en el que mencionó la necesidad de seguir insistiendo en el uso de las nuevas tecnologías, y también en este apartado habló de la planta judicial y, aunque no coincide en la idea de agrupar juzgados, planteada al comienzo de la anterior legislatura por parte de su predecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, sí considera necesaria una reorganización en cuanto al reparto de trabajo. “Con la planta actual bien organizada los jueces podrían responder a toda la carga de trabajo”, aseguró. Finalmente, el cuarto eje lo plantea poniendo de relieve una Justicia orientada a las personas, mencionando cuestiones como la necesidad de una ley que regule el derecho al defensa.

Juan Carlos Campo: los problemas colectivos requieren respuestas consensuadas
Juan Carlos Campo, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Justicia del Congreso, comenzó su intervención afirmando que “la Justicia va mal, es lenta y es cara y esto es peligroso porque no hay alternativa”, pero insistió en que la invocación al consenso es fundamental. Campo lamentó que, en Justicia, “vivimos en la provisionalidad”, con un modelo “encorsetado”. A lo que añadió que contamos con unos déficits enormes en elementos estructurales y también presupuestarios. Según el portavoz socialista las reformas de la Justicia deben girar en torno a tres paquetes: normativos, organizativos y tecnológicos.

Campo, que fue vocal del CGPJ, también habló, por alusiones, sobre las puertas giratorias entre Justicia y política, y señaló que esas no son las preocupaciones de los ciudadanos cuando entran en un juzgado.

Sí cree, en cambio, que existen problemas que preocupan a los profesionales como la norma que reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 42/2015), que establece el plazo del 1 de enero de 2016 como fecha de puesta en marcha de lo que se ha denominado la Justicia sin papeles, y lamentó que, en cuanto al uso de Lexnet, no se haya tenido en cuenta que “gestionar el cambio es tan importante como el cambio mismo”, a lo que añadió que “lo que no se puede es aprobar una ley en octubre y que entre en vigor el 1 de enero”. “Estamos convirtiendo Lexnet en un muro de lamentaciones”, advirtió.

Campo, que insistió en la necesidad de “buscar respuestas consensuadas a problemas colectivos”, se mostró partidario de abordar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permita redefinir los papeles de juez y fiscal. Algo que, en su opinión, sería positivo también dentro del debate de los aforados. “Cuando me investigue un fiscal, que el juez sea mi garantía”, ha sentenciado, añadiendo que, de este modo, “el aforamiento dejaría de tener esa visualización tan simple que tiene ahora”.

Victoria Rosell: las leyes no pueden llevar la carga ideológica de un solo partido
Por su parte, Victoria Rosell, portavoz del GP Podemos-EC-EM en la Comisión de Justicia del Congreso, arrancó su intervención afirmando que el diagnóstico sobre la situación de la Justicia “es bastante común”. Recordó los problemas de interconexión entre órganos judiciales y entre éstos y la Fiscalía para añadir a continuación que “con estos mimbres es muy difícil dar seguridad y confianza en el sistema”.

En cuanto al CGPJ, señaló que existen siempre sospechas de estar favoreciendo los servicios prestados. También considera que “la ley de tasas fue un error” porque no se puede impedir que alguien tenga acceso a una sentencia por cuestiones económicas.

La ex magistrada lamentó que en la pasada legislatura se eliminaran 1.200 jueces sustitutos, pero dijo que la reforma pasa también por un cambio en la organización judicial y no sólo un aumento de medios. “Necesitamos una modificación estructural, respuesta homogénea, objetiva, previsible y segura”, insistió.

En su opinión, “lo importante es la seguridad jurídica, pero desde la perspectiva de los derechos” porque, según asegura, “no hay una paz social o un orden público que no esté basado en los derechos”.

Asimismo, lamentó los constantes cambios legislativos: “Tanta legislación sin consenso y sometida a tantos cambios no puede ser”. Afirmó que la legislatura que está por empezar tiene “vocación derogatoria”, porque según ha dicho, habrá que “derogar todo lo que se ha aprobado sin consenso”. Por otro lado, también abogó por “que estén tan protegidas las empresas como las familias y consumidores”.

José Manuel Villegas: La ausencia de mayorías favorecerá el consenso sobre las reformas
José Manuel Villegas, diputado en el Congreso por Ciudadanos y portavoz y vicesecretario del gabinete de presidencia de la formación naranja, enfatizó en el consenso que existe en cuanto al diagnóstico de los males que afectan a la Justicia, pero se preguntó por qué ese consenso en cuanto al diagnóstico no ha llevado a un acuerdo en cuanto a las soluciones.

Destacó que también existe consenso en cuanto la necesidad de un acuerdo nacional en materia de Justicia, y criticó que se pretendan arreglar los problemas planteando soluciones a cuatro años: “Hay que pensar en estrategias a largo plazo”. De lo contrario, considera que “el riesgo es que desde la política se nos ocurran grandes ideas para que, si no se consensuan, generen más problemas de los que se pretendía solucionar”. A lo que añadió que “en estos 30 años no hemos sido capaces de hacerlo y es hora de que empecemos”.

Villegas también subrayó que hay mucho camino por recorrer en cuanto a la percepción de la ciudadanía respecto a la independencia de la Justicia. “Yo me congratulo de que partidos que en 30 años no han hecho nada respecto a los aforados, ahora estén de acuerdo en hacerlo”, señaló.

En cuanto a los medios de que dispone la Justicia, cree que no se trata sólo de los medios humanos, sino también de la “tecnificación y especialización”, y destacó que, precisamente, uno de los temas que exigen consenso es la adaptación de la planta judicial a los nuevos tiempos, sin que esta cuestión sea usada como arma arrojadiza.

Al igual que Rosell, Villegas también recordó la cuestión de las tasas judiciales y la necesidad de retirarlas para pymes. Además, puso en valor el modelo de Justicia gratuita español que, según dijo, “es una de las joyas de la corona que hay que cuidar”. Concluyó su intervención apuntando que “esta nueva etapa política va a ser positiva y va a hacer que nos pongamos a trabajar y lleguemos a un acuerdo”.

Justicia sin papel
Sobre el debate en torno a la Justicia sin papeles, que tanto da que hablar, Catalá quiso aclarar que Lexnet no es un objetivo en sí mismo, sino una herramienta y recordó que se habla mucho de ello y no tanto del expediente judicial, que también está en marcha y ya se está implantando en algunos órganos judiciales.

“Había que ponerle fecha porque ya estaba bien”, dijo en defensa de la medida adoptada por el Ministerio, para a continuación añadir que “cualquier cambio de cultura implica un proceso de adaptación muy complejo”.

Por su parte, Campo señaló que el uso generalizado de Lexnet no es más que un eslabón y que ha sido empleado como “una cuestión puramente propagandística”. A lo que añadió que los profesionales se encuentran totalmente abrumados. “Lexnet es una pieza necesaria, pero hay que hacerlo bien”, afirmó.

La portavoz de Podemos señaló que “lo que nadie entiende es que a partir del 1 de enero de 2016 todos los procedimientos tuvieran que ir por esa vía cuando no estaban los órganos judiciales preparados para ello”. Rosell llegó a poner sobre la mesa, incluso, los efectos que puede tener en materia de protección de datos y protección de la privacidad de terceros, en caso de que un abogado reciba información por error en un procedimiento. Y añadió que le “preocupa” que toda la información esté en manos del Ministerio de Justicia “porque son datos especialmente sensibles”.

Sobre esta cuestión, el portavoz de Ciudadanos dijo que es necesario “dedicar también recursos para la implantación del sistema, no sólo una fecha en el BOE”. Además, criticó las dificultades de coordinación entre juzgados y entre comunidades autónomas, con sistemas informáticos diferentes.

Independencia judicial
El tema de la independencia judicial volvió a surgir al final del debate. Catalá insistió en que “la Justicia es independiente, de calidad, no es cierto que esté politizada”. Advirtió de que se ha recorrido en España “un camino muy peligroso que es la deslegitimación de las instituciones, algo que conduce al totalitarismo”.

Por su parte, el portavoz socialista, que fue vocal del CGPJ, insistió en que “la carrera judicial es absolutamente independiente” y dijo que el debate en torno a esta cuestión es “injusto”: “El CGPJ es un órgano absolutamente necesario y garantiza la independencia de los jueces”. El verdadero problema de los jueces, a su modo de ver, “son los numerosos asuntos que tienen pendientes”. Sí señaló que “el CGPJ debería de actuar de oficio cuando un juez es atacado”. Y respecto a la corrupción, Campo fue tajante: “No nos engañemos, es un problema sistémico”.

La ex magistrada Rosell continuó el debate afirmando que “la independencia judicial es un derecho de la ciudadanía, no de los jueces”, y abogó por aclarar que no es lo mismo el poder judicial que el Consejo General del Poder Judicial. “Este último es un órgano político”, recordó. Respecto a su composición y el modo de elección de los vocales dijo que “ya se ha probado todo y no sabemos cuál es el mejor modelo”. Pero lanzó algunas ideas: “¿Por qué el sistema corporativo de selección de vocales tiene que ser sólo de la carrera judicial? ¿Por qué no dar entrada a la Abogacía, a la Fiscalía o a la Procura? ¿Por qué no dar entrada a carpinteros, a empresarios, a deportistas o a la ciudadanía?”

Rosell también se mostró partidaria de que los jueces cuenten con experiencia previa, que hayan trabajado antes de ejercer como tales, y se puso como ejemplo, señalando que ella misma se incorporó a la carrera judicial con 26 años y, ahora, visto con perspectiva, considera que tal vez no estaba lo suficientemente preparada. Por ello, cree que debería ser “exigible que un juez haya trabajado alguna vez en su vida” antes de acceder al cargo.

Finalmente, Villegas afirmó que “el sistema no se ha deslegitimado por criticarlo, sino por usar mal un sistema de nombramientos en el que no se ponen por delante los méritos”, para continuar señalando que “la deslegitimación viene del inmovilismo”.

Asimismo, quiso dejar claro que “obviamente el problema no está en los jueces, sino allí donde los políticos han podido meter la mano”, por lo que considera que “es fundamental la efectiva separación de poderes”.

Villegas también hizo alusión al programa de Gobierno de Podemos en el que se planteaba que determinados cargos de representación judicial y el del propio fiscal general debían estar comprometidos con “el Gobierno del Cambio”, algo que el portavoz de Ciudadanos calificó como “poco edificante” y a lo que la ex magistrada Rosell contestó que aquello fue “una errata” ya corregida.

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