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Noticias Juridicas

Indemnizaciones menores a las previstas

Denuncian que las aseguradoras están ofreciendo indemnizaciones menores a las previstas antes de la reciente reforma del baremo de accidentes.

Noticias Juridicas

Las compañías aseguradoras están aprovechando la desinformación existente en los primeros tres meses posteriores a la entrada en vigor, el pasado uno de enero, del nuevo baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico (Ley 35/2015), para ofrecer a las víctimas de dichos accidentes rebajas de hasta un cincuenta por ciento en las indemnizaciones, según denuncia estudiado el despacho Triviño Abogados.

Según el estudio realizado por este despacho, dicha conclusión se obtiene de la comparación sistemática de, por un lado, las ofertas recibidas de las aseguradoras por los clientes que han acudido a recabar los servicios del bufete en los primeros cien días desde la entrada en vigor de la nueva normativa y, por otro, las propuestas que recibían en el período anterior a la promulgación de la reforma.

Sin embargo, como señala el titular del despacho, el abogado Eduardo Triviño “No sería correcto decir que la ley provoque necesariamente ese descenso de las indemnizaciones, sino más bien que el desconcierto provocado por el cambio legislativo está siendo aprovechado por la parte más fuerte para sembrar más dudas de las que provoca en sí el texto legislativo”.

El texto en sí no rebaja en absoluto las indemnizaciones, pero cambia el modo en que se deben reclama, lo que está dando ventaja a las aseguradoras, mejor informadas que los ciudadanos, ha señalado.
Según este letrado, la Ley 35/2015 reduce los plazos para reclamar una indemnización civil por daños, por lo que recomienda no dejar pasar el establecido en la norma de 72 horas después de un accidente y acuda a ser examinada por un médico que extienda el correspondiente diagnóstico, “lo más preciso posible”, sin el cual podría resultar imposible que prosperase cualquier acción en el ámbito de la jurisdicción civil.

Además, resulta fundamental también poner el caso lo antes posible en manos de un abogado experto que aconseje al demandante sobre cómo enfocar su reclamación, según los abogados.

La ley que regula las indemnizaciones por accidentes de tráfico expresa en su exposición de motivos la necesidad de adaptar nuestras indemnizaciones a la legislación europea, pero también alude objetivo de proteger a las víctimas, a la parte débil en este caso de siniestros. (EUROPA PRESS)

Noticias Juridicas

El despido motivado será nulo

El despido motivado por que el trabajador haya ejercitado previamente una acción judicial en defensa de sus derechos, es radicalmente nulo.

En el ámbito laboral la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de la actuación de un trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos.
El despido motivado por que el trabajador haya ejercitado previamente una acción judicial en defensa de sus derechos, es radicalmente nulo

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de fecha 18 de marzo de 2016 (sentencia núm. 236/2016, ponente señor Agustí Juliá), por la que reitera que un despido motivado por el hecho de que el trabajador haya ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que se creía asistido, debe ser calificado como discriminatorio y radicalmente nulo por contrario al derecho fundamental a la tutela judicial, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo.

Los hechos

El demandante, profesor de cante flamenco, en el Conservatorio de Danza de la Comunidad de Madrid, ha suscrito diversos y sucesivos contratos temporales con dicha Comunidad, con cobertura formal de carácter administrativo.

Respecto de los mismos, en los años anteriores a la demanda y previa declaración de laboralidad del vínculo, recayeron sucesivas sentencias firmes de despido improcedente.

Habiendo suscrito nuevo contrato temporal el 5 de septiembre de 2011, en las mismas condiciones que los anteriores, también régimen de derecho administrativo, que finalizaba el 30 de diciembre de 2012, en fecha 20 de junio de 2012 remitió burofax indicando que si se procedía a extinguir su relación laboral el 1 de julio de 2012 la extinción sería nula o improcedente. Pese a ello, el 1 de julio de 2012 el Conservatorio de Danza le da de baja en la Seguridad Social.

El demandante formuló reclamación ante el Juzgado de lo Social por despido nulo o, subsidiariamente improcedente, que fue estimada por sentencia del Juzgado de lo Social nº 15 de los de Madrid, declarando la improcedencia del despido. Esta sentencia fue confirmada en suplicación y contra ella se interpone el recurso de casación para la unificación de doctrina.

El principio de indemnidad

En primer lugar la sentencia aborda el carácter y alcance del principio de indemnidad, señalando que:

“[la garantía de indemnidad] significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a ésta no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza”

Y concretamente, en el ámbito de las relaciones laborales, esta garantía de indemnidad “se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos” (SSTC 14/1993, de 18 Ene.; 125/2008, de 20 Oct. y 92/2009, de 20 Abr y SSTS 17 Jun. 2015, rcud. 2217/2014, 18 Feb. 2008, rcud. 1232/2007, y 26 Feb. 2008 (rcud 723/2007), entre otras). (FD 2.º, 1)

Efectos de la vulneración del derecho

De lo anterior “se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido, debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental» [tutela judicial], ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo [art. 4.2 apartado g ET]” (SSTC 76/2010, de 19 Oct.; 6/2011, de 14 Feb. y 10/2011, de 28 Feb.).”

A estos efectos “[No] es preciso que la medida represaliante tenga lugar durante la vigencia del contrato, sino que la garantía de indemnidad incluso alcanza a los supuestos en que la ilegítima decisión empresarial incluso se materializa en la falta de contratación posterior al ejercicio de las acciones judiciales. “(FD 2.º, 1)

Inversión de la carga de la prueba
“Tratándose de tutelar derechos fundamentales, el legislador ha instrumentado un mecanismo de defensa del derecho fundamental, cual es la inversión probatoria prevista en el art. 179.2 LPL [«una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación…, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas»]. “

En concreto, “«precisamente, la prevalencia de los derechos fundamentales del trabajador y las especiales dificultades probatorias de su vulneración en aquellos casos constituyen las premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido aplicando la específica distribución de la carga de la prueba en las relaciones de trabajo», hoy recogida en los arts. 96.1 y 181.2 LRJS” (SSTC 38/1981, de 23 Nov.; 138/2006, de 8 May. y 342/2006, de 11 Dic. Y SSTS 20 Ene. 20009, rcud. 1927/07; 29 May. 2009, rcud 152/08; y 13 Nov. 2012, rcud. 3781/11).

“Pero para que opere el desplazamiento al empresario del «onus probandi» no basta simplemente con que el trabajador afirme su carácter discriminatorio, sino que ha de acreditar la existencia de indicio que «debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla [la vulneración constitucional] se haya producido», que genere una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante afirmación; es necesario que por parte del actor se aporte una «prueba verosímil» o «principio de prueba» revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación, sin que sea suficiente la mera afirmación de la discriminación (aparte de muchas otras anteriores, SSTC 92/2008, de 21/Julio…; 125/2008, de 20/Octubre; y 2/2009, de 12/Enero…. Y SSTS 14/04/11 –rco 164/10; 25/06/12 –rcud 2370/11; y 13/11/12 –rcud 3781/11).

Y presente la prueba indiciaria, «el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aun sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales; no se le impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo –la no discriminación–, sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales» (tras muchas anteriores, SSTC 183/2007, de 10/Septiembre…; 257/2007, de 17/Diciembre…; y 74/2008, de 23/Junio…); «en lo que constituye … una auténtica carga probatoria y no un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales –lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria» (aparte de las que en ellas se citan, SSTC 326/2005, de 12/Diciembre, …; 125/2008, de 20/Octubre; y 92/2009, de 20/Abril…)”. (FD 2.º, 1)

Aplicación al caso

“Es claro, que no sólo carece de causa cierta la extinción del último contrato, antes de su terminación, dado que éste al igual que los anteriores, se revela como fraudulento, sino que debe declararse la nulidad del despido así producido, sin que pueda admitirse la argumentación de la sentencia recurrida, que comparando el caso con el resuelto por la propia Sala, en sentencia anterior –que precisamente es la de contraste–, rechaza la garantía de indemnidad, porque “ en nuestro caso no se produjo una amenaza externa por parte de la directora del centro en el sentido de que “si se interponían demanda (denuncia), no se procedería a una nueva contratación”, puesto que de los hechos probados y de la propia argumentación de dicha sentencia es dable deducir, ciñéndose a la cuestión de si hubo o no vulneración de la garantía de indemnidad, que el trabajador ha acreditado indicios suficientes para producir el desplazamiento a la Administración empleadora de la carga de probar que, no obstante esa apariencia o sospecha de vulneración la referida garantía, el cese se produjo por motivos legítimos y ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales.” (FD 2.º, 2)

Noticias Juridicas

Dividir el recibo del IBI

Posible obligatoriedad de los Ayuntamientos a dividir el recibo del IBI cuando hay varios titulares.

Consulta DGT V0399-16, de 1 Feb.

AbogadosEs un supuesto común la concurrencia de dos o más personas en la realización del hecho imponible del IBI, en la que todos tienen la condición de obligados solidariamente al pago del tributo y en la que el recibo girado suele ser único.

La Dirección General de Tributos en consulta de 1 de febrero de 2016, solventa la cuestión indicada sobre si la división del recibo solicitada por los contribuyentes es obligada o no para las Haciendas Locales.

En principio, indica la DGT, en caso de concurrencia del derecho real de usufructo y del derecho de propiedad sobre un mismo bien inmueble urbano o rústico, sólo se realiza el hecho imponible del IBI por el derecho real de usufructo, no gravándose el derecho de propiedad, por lo que el sujeto pasivo será sólo el usufructuario. En el caso de que varias personas sean cotitulares del derecho constitutivo del hecho imponible del impuesto, todas ellas tendrán la condición de sujetos pasivos a título de contribuyentes del IBI.

Por tanto, cualquiera de los sujetos pasivos, a juicio del Órgano consultivo, puede solicitar la división de la liquidación entre los distintos obligados tributarios, siempre que se facilite a la Administración los datos personales y domicilio de todos los obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho sobre el bien inmueble.

Por otra parte, la Administración podrá exigir el importe de la liquidación impagada a cualquiera de los obligados tributarios, en virtud de la obligación solidaria de todos ellos establecida en el primer párrafo del artículo 35.7 de la LGT.

Según el Centro directivo aunque se haya procedido a la división de la liquidación tributaria entre ambos obligados tributarios, si uno de ellos no satisface la parte de la liquidación que le corresponde, una vez transcurrido el período voluntario, ésta podrá exigirse al otro obligado tributario, con independencia de que también pueda exigirse al obligado incumplidor mediante el procedimiento de apremio. Ahora bien, si esta deuda es satisfecha por el otro obligado tributario, éste tendrá derecho de reembolso frente al obligado incumplidor en los términos previstos en la legislación civil.

Diario La Ley, Nº 8736, Editorial LA LEY

Noticias Juridicas

Cumbre Judicial Iberoamericana

Arcaísmos, latinismos y tecnicismos innecesarios serán eliminados del lenguaje jurídico

Cumbre Judicial IberoamericanaEl proceso para la simplificación del lenguaje jurídico, a fin de hacerlo más comprensible por la mayoría de los ciudadanos, ha dado en las últimas fechas dos importantes pasos para lograr su objetivo.

Declaración de la XVIII Asamblea de la Cumbre Judicial Iberoamericana
Por un lado, los 23 países que forman parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana han suscrito en Asunción (Paraguay), lugar de celebración de su XVIII Asamblea Plenaria, una Declaración final en la que se incluye un acuerdo relativo a la utilización de un lenguaje claro para la administración de justicia.

Así, el epígrafe “Proyecto Lenguaje Claro y Accesible” de esta Declaración, incluye el siguiente contenido:

“62. Aprobamos, con la redacción definitiva que se incorpora como Anexo 13 de esta declaración, la guía sobre lenguaje claro y accesible presentada por el grupo de trabajo cuya coordinación estuvo a cargo del Reino de España y de Chile;

63. Afirmamos que la legitimidad de la judicatura está ligada a la claridad y calidad de las resoluciones judiciales, y que ello constituye un verdadero derecho fundamental del debido proceso; a tal efecto, entendemos que es esencial el uso de un lenguaje claro, e inclusivo y no discriminatorio en las resoluciones judiciales, y una argumentación fácilmente comprensible;

64. Entendemos que la elaboración y aprobación de un Diccionario Jurídico Panhispánico o Panamericano se constituirá en una obra de suma importancia en la unificación del léxico jurídico del orbe iberoamericano; y creemos que en dicho diccionario, sujeto en su redacción a las reglas de lexicografía, todos los países de habla hispana de Iberoamérica han de encontrar la expresión de la diversidad de su vocabulario jurídico … “

Si bien el Anexo 13 al que se refiere dicha Declaración no ha sido todavía hecho público, dada la presencia española en la coordinación del grupo de trabajo que lo elaboró, parece previsible que esté próximo a lo acordado recientemente en España.

Actuaciones para promover la claridad del lenguaje jurídico
Esta decisión coincide con la proposición no de Ley presentada el pasado día 5 de abril, por el grupo parlamentario socialista del Congreso, sobre actuaciones para promover la claridad del lenguaje jurídico.

El objeto de esta proposición es instar al Gobierno “a impulsar de manera decidida actuaciones que promuevan la claridad del lenguaje jurídico dando cumplimiento al Convenio Marco de Colaboración para Promover la Claridad del Lenguaje Jurídico, así como cuenta a esta Cámara (sic) de las actuaciones realizadas al amparo del mismo.”

El Convenio Marco de Colaboración para Promover la Claridad del Lenguaje Jurídico se firmó el 21 de diciembre de 2011 entre la RAE, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el CGAE, el Consejo General de Procuradores de España y la Conferencia de decanos de las Facultades de Derecho de España.

Su objetivo es regular la colaboración entre las partes signatarias para velar por el buen uso del lenguaje jurídico, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión para la modernización del lenguaje jurídico.

Esta Comisión presentó a mediados de 2011 un documento en el que se, en relación con la terminología jurídica, se establecían las siguientes premisas:

“El lenguaje que emplean [los profesionales del derecho?], suele ser considerado por la ciudadanía particularmente difícil de comprender, oscuro e incluso críptico. El empleo de formas lingüísticas arcaicas, ancladas en otras épocas, o el uso de locuciones latinas sin adjuntar traducción, refuerza sin duda esta asentada percepción social.

Para mejorar la claridad, los profesionales del derecho han de explicar o “traducir” estos particularismos lingüísticos que continúan replicándose en formularios, plantillas, resoluciones judiciales, contratos y otros documentos jurídicos y sustituirlos, en el caso de que sea posible, por términos del lenguaje común.

Esta comisión no comparte la apreciación de quienes consideran que estas formas lingüísticas son herramientas insustituibles de trabajo y signo de distinción de la profesión. Como el propio Plan de Transparencia Judicial indica, es posible una justicia comprensible que respete las exigencias propias de una correcta técnica jurídica… ”

Por lo que se proponían las siguientes recomendaciones:

En cuanto a los arcaísmos que no sean tecnicismos, se recomienda sustituirlos por palabras del lenguaje común o, en su caso, explicarlos a continuación del término o expresión.
En cuanto a las locuciones latinas, se recomienda la sustitución por su significado en castellano o, en su defecto, incorporar su traducción entre paréntesis.
Por último, se recomienda explicar la terminología técnica cuando sea posible, dado que en la actualidad no se dispone de una tabla de sustituciones consensuada por las autoridades e instituciones competentes.

Noticias Juridicas

La Justicia a debate

La Justicia a debate: Coincidencia en el diagnóstico pero diferencias en el tratamiento necesario

Noticias JuridicasLa Justicia es uno de los temas más delicados que encontrará sobre la mesa el Gobierno que finalmente tome las riendas del país. La persona que resulte responsable del departamento de Justicia tendrá ante sí toda una serie de frentes abiertos a los que deberá dar respuesta estableciendo las líneas de actuación para resolver los problemas que afronta este ámbito de la Administración. Todo un reto para una cartera cargada de asuntos clave para el buen funcionamiento de la Justicia.

En este contexto, los portavoces de Justicia de los principales partidos políticos, (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) parecen tener claro que la solución para mejorar el sistema actual pasa por un gran pacto o acuerdo de Estado y por el “consenso”. Esa fue la palabra más repetida durante el debate que han mantenido este jueves los cuatro representantes políticos, en un encuentro informativo organizado por Wolters Kluwer y Europa Press y del que nos da cuenta Almudena Vigil.

La apertura del acto corrió a cargo de Vicente Sánchez, CEO de Wolters Kluwer España y Portugal, quien destacó que “un sistema judicial solvente requiere una dotación presupuestaria que permita a la Administración de Justicia contar a largo plazo con el talento de los mejores profesionales”.

Rafael Catalá: Hace falta una Estrategia Nacional de Justicia
A continuación, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, abrió el debate entre los portavoces políticos, señalando que el primer paso es el diagnóstico de la situación actual, y apostó por dar un salto cualitativo en un Pacto de Estado por la Justicia.

El ministro planteó las reformas necesarias en materia de Justicia en torno a cuatro ejes. En primer lugar, el fortalecimiento de una Justicia más independiente, que, aunque en su opinión ya lo es, cree que se debe trabajar en profundizar en ello, por ejemplo en el sistema de elección y funciones de los vocales del CGPJ, para lo que ofreció su plena disposición de cara a abrir un debate al respecto. En este terreno hizo alusión a las puertas giratorias, una cuestión a la que, según afirmó, hay que darle “una articulación razonable” en cuanto a la entrada y salida de la carrera judicial para incorporarse a la política. “Volver a la carrera al día siguiente no es buena solución”, dijo en presencia de la ex magistrada Victoria Rosell, que ha dejado su juzgado para entrar en política de la mano de Podemos, y Juan Carlos Campo, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial.

El segundo eje que planteó el ministro está relacionado con la Justicia como elemento que fortalece la seguridad jurídica, atrae inversiones y favorece el desarrollo económico. En este ámbito Catalá abordó el problema de la corrupción y sus propuestas para luchar contra esta lacra, destacando cuestiones como revisar el derecho de gracia, regular la actividad de los lobbies, dotándoles de transparencia y fortalecer la acción cotidiana de los órganos judiciales, dotándoles de medios.

En tercer lugar, habló de fortalecer la Justicia en el sentido de servicio público, momento en el que mencionó la necesidad de seguir insistiendo en el uso de las nuevas tecnologías, y también en este apartado habló de la planta judicial y, aunque no coincide en la idea de agrupar juzgados, planteada al comienzo de la anterior legislatura por parte de su predecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, sí considera necesaria una reorganización en cuanto al reparto de trabajo. “Con la planta actual bien organizada los jueces podrían responder a toda la carga de trabajo”, aseguró. Finalmente, el cuarto eje lo plantea poniendo de relieve una Justicia orientada a las personas, mencionando cuestiones como la necesidad de una ley que regule el derecho al defensa.

Juan Carlos Campo: los problemas colectivos requieren respuestas consensuadas
Juan Carlos Campo, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Justicia del Congreso, comenzó su intervención afirmando que “la Justicia va mal, es lenta y es cara y esto es peligroso porque no hay alternativa”, pero insistió en que la invocación al consenso es fundamental. Campo lamentó que, en Justicia, “vivimos en la provisionalidad”, con un modelo “encorsetado”. A lo que añadió que contamos con unos déficits enormes en elementos estructurales y también presupuestarios. Según el portavoz socialista las reformas de la Justicia deben girar en torno a tres paquetes: normativos, organizativos y tecnológicos.

Campo, que fue vocal del CGPJ, también habló, por alusiones, sobre las puertas giratorias entre Justicia y política, y señaló que esas no son las preocupaciones de los ciudadanos cuando entran en un juzgado.

Sí cree, en cambio, que existen problemas que preocupan a los profesionales como la norma que reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 42/2015), que establece el plazo del 1 de enero de 2016 como fecha de puesta en marcha de lo que se ha denominado la Justicia sin papeles, y lamentó que, en cuanto al uso de Lexnet, no se haya tenido en cuenta que “gestionar el cambio es tan importante como el cambio mismo”, a lo que añadió que “lo que no se puede es aprobar una ley en octubre y que entre en vigor el 1 de enero”. “Estamos convirtiendo Lexnet en un muro de lamentaciones”, advirtió.

Campo, que insistió en la necesidad de “buscar respuestas consensuadas a problemas colectivos”, se mostró partidario de abordar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permita redefinir los papeles de juez y fiscal. Algo que, en su opinión, sería positivo también dentro del debate de los aforados. “Cuando me investigue un fiscal, que el juez sea mi garantía”, ha sentenciado, añadiendo que, de este modo, “el aforamiento dejaría de tener esa visualización tan simple que tiene ahora”.

Victoria Rosell: las leyes no pueden llevar la carga ideológica de un solo partido
Por su parte, Victoria Rosell, portavoz del GP Podemos-EC-EM en la Comisión de Justicia del Congreso, arrancó su intervención afirmando que el diagnóstico sobre la situación de la Justicia “es bastante común”. Recordó los problemas de interconexión entre órganos judiciales y entre éstos y la Fiscalía para añadir a continuación que “con estos mimbres es muy difícil dar seguridad y confianza en el sistema”.

En cuanto al CGPJ, señaló que existen siempre sospechas de estar favoreciendo los servicios prestados. También considera que “la ley de tasas fue un error” porque no se puede impedir que alguien tenga acceso a una sentencia por cuestiones económicas.

La ex magistrada lamentó que en la pasada legislatura se eliminaran 1.200 jueces sustitutos, pero dijo que la reforma pasa también por un cambio en la organización judicial y no sólo un aumento de medios. “Necesitamos una modificación estructural, respuesta homogénea, objetiva, previsible y segura”, insistió.

En su opinión, “lo importante es la seguridad jurídica, pero desde la perspectiva de los derechos” porque, según asegura, “no hay una paz social o un orden público que no esté basado en los derechos”.

Asimismo, lamentó los constantes cambios legislativos: “Tanta legislación sin consenso y sometida a tantos cambios no puede ser”. Afirmó que la legislatura que está por empezar tiene “vocación derogatoria”, porque según ha dicho, habrá que “derogar todo lo que se ha aprobado sin consenso”. Por otro lado, también abogó por “que estén tan protegidas las empresas como las familias y consumidores”.

José Manuel Villegas: La ausencia de mayorías favorecerá el consenso sobre las reformas
José Manuel Villegas, diputado en el Congreso por Ciudadanos y portavoz y vicesecretario del gabinete de presidencia de la formación naranja, enfatizó en el consenso que existe en cuanto al diagnóstico de los males que afectan a la Justicia, pero se preguntó por qué ese consenso en cuanto al diagnóstico no ha llevado a un acuerdo en cuanto a las soluciones.

Destacó que también existe consenso en cuanto la necesidad de un acuerdo nacional en materia de Justicia, y criticó que se pretendan arreglar los problemas planteando soluciones a cuatro años: “Hay que pensar en estrategias a largo plazo”. De lo contrario, considera que “el riesgo es que desde la política se nos ocurran grandes ideas para que, si no se consensuan, generen más problemas de los que se pretendía solucionar”. A lo que añadió que “en estos 30 años no hemos sido capaces de hacerlo y es hora de que empecemos”.

Villegas también subrayó que hay mucho camino por recorrer en cuanto a la percepción de la ciudadanía respecto a la independencia de la Justicia. “Yo me congratulo de que partidos que en 30 años no han hecho nada respecto a los aforados, ahora estén de acuerdo en hacerlo”, señaló.

En cuanto a los medios de que dispone la Justicia, cree que no se trata sólo de los medios humanos, sino también de la “tecnificación y especialización”, y destacó que, precisamente, uno de los temas que exigen consenso es la adaptación de la planta judicial a los nuevos tiempos, sin que esta cuestión sea usada como arma arrojadiza.

Al igual que Rosell, Villegas también recordó la cuestión de las tasas judiciales y la necesidad de retirarlas para pymes. Además, puso en valor el modelo de Justicia gratuita español que, según dijo, “es una de las joyas de la corona que hay que cuidar”. Concluyó su intervención apuntando que “esta nueva etapa política va a ser positiva y va a hacer que nos pongamos a trabajar y lleguemos a un acuerdo”.

Justicia sin papel
Sobre el debate en torno a la Justicia sin papeles, que tanto da que hablar, Catalá quiso aclarar que Lexnet no es un objetivo en sí mismo, sino una herramienta y recordó que se habla mucho de ello y no tanto del expediente judicial, que también está en marcha y ya se está implantando en algunos órganos judiciales.

“Había que ponerle fecha porque ya estaba bien”, dijo en defensa de la medida adoptada por el Ministerio, para a continuación añadir que “cualquier cambio de cultura implica un proceso de adaptación muy complejo”.

Por su parte, Campo señaló que el uso generalizado de Lexnet no es más que un eslabón y que ha sido empleado como “una cuestión puramente propagandística”. A lo que añadió que los profesionales se encuentran totalmente abrumados. “Lexnet es una pieza necesaria, pero hay que hacerlo bien”, afirmó.

La portavoz de Podemos señaló que “lo que nadie entiende es que a partir del 1 de enero de 2016 todos los procedimientos tuvieran que ir por esa vía cuando no estaban los órganos judiciales preparados para ello”. Rosell llegó a poner sobre la mesa, incluso, los efectos que puede tener en materia de protección de datos y protección de la privacidad de terceros, en caso de que un abogado reciba información por error en un procedimiento. Y añadió que le “preocupa” que toda la información esté en manos del Ministerio de Justicia “porque son datos especialmente sensibles”.

Sobre esta cuestión, el portavoz de Ciudadanos dijo que es necesario “dedicar también recursos para la implantación del sistema, no sólo una fecha en el BOE”. Además, criticó las dificultades de coordinación entre juzgados y entre comunidades autónomas, con sistemas informáticos diferentes.

Independencia judicial
El tema de la independencia judicial volvió a surgir al final del debate. Catalá insistió en que “la Justicia es independiente, de calidad, no es cierto que esté politizada”. Advirtió de que se ha recorrido en España “un camino muy peligroso que es la deslegitimación de las instituciones, algo que conduce al totalitarismo”.

Por su parte, el portavoz socialista, que fue vocal del CGPJ, insistió en que “la carrera judicial es absolutamente independiente” y dijo que el debate en torno a esta cuestión es “injusto”: “El CGPJ es un órgano absolutamente necesario y garantiza la independencia de los jueces”. El verdadero problema de los jueces, a su modo de ver, “son los numerosos asuntos que tienen pendientes”. Sí señaló que “el CGPJ debería de actuar de oficio cuando un juez es atacado”. Y respecto a la corrupción, Campo fue tajante: “No nos engañemos, es un problema sistémico”.

La ex magistrada Rosell continuó el debate afirmando que “la independencia judicial es un derecho de la ciudadanía, no de los jueces”, y abogó por aclarar que no es lo mismo el poder judicial que el Consejo General del Poder Judicial. “Este último es un órgano político”, recordó. Respecto a su composición y el modo de elección de los vocales dijo que “ya se ha probado todo y no sabemos cuál es el mejor modelo”. Pero lanzó algunas ideas: “¿Por qué el sistema corporativo de selección de vocales tiene que ser sólo de la carrera judicial? ¿Por qué no dar entrada a la Abogacía, a la Fiscalía o a la Procura? ¿Por qué no dar entrada a carpinteros, a empresarios, a deportistas o a la ciudadanía?”

Rosell también se mostró partidaria de que los jueces cuenten con experiencia previa, que hayan trabajado antes de ejercer como tales, y se puso como ejemplo, señalando que ella misma se incorporó a la carrera judicial con 26 años y, ahora, visto con perspectiva, considera que tal vez no estaba lo suficientemente preparada. Por ello, cree que debería ser “exigible que un juez haya trabajado alguna vez en su vida” antes de acceder al cargo.

Finalmente, Villegas afirmó que “el sistema no se ha deslegitimado por criticarlo, sino por usar mal un sistema de nombramientos en el que no se ponen por delante los méritos”, para continuar señalando que “la deslegitimación viene del inmovilismo”.

Asimismo, quiso dejar claro que “obviamente el problema no está en los jueces, sino allí donde los políticos han podido meter la mano”, por lo que considera que “es fundamental la efectiva separación de poderes”.

Villegas también hizo alusión al programa de Gobierno de Podemos en el que se planteaba que determinados cargos de representación judicial y el del propio fiscal general debían estar comprometidos con “el Gobierno del Cambio”, algo que el portavoz de Ciudadanos calificó como “poco edificante” y a lo que la ex magistrada Rosell contestó que aquello fue “una errata” ya corregida.

Noticias Juridicas

Empleo Jurídico

14 de abril: Primera Feria de Empleo Jurídico organizada por el Colegio de Abogados de Madrid

Empleo JurídicoEl Colegio de Abogados de Madrid organiza éste próximo jueves, 14 de abril, la 1ª Feria de Empleo Jurídico (FEIURIS), que tendrá lugar en el Palacio de Neptuno (Cervantes, 42), con un amplío programa de actividades.

Con el lema “Haz que ocurra”, esta primera edición tiene como objetivo poner en contacto a despachos profesionales, empresas, escuelas de negocio, organismos y consultoras con abogados que se inician profesionalmente o que desean mejorar su situación actual.

En el programa se abordarán cuestiones del máximo interés profesional:

– “Reinvéntate: Reorientación Laboral”;

– “Preséntate en Digital: ¿Cómo usar las redes sociales para un posicionamiento efectivo?”;

– “Compromiso del abogado con la sociedad”;

– “¿Qué busca un despacho y una empresa? El perfil de hoy y mañana”;

– “Búsqueda de empleo: Tú eres lo importante”;

– “Internacionalízate: Ya no existen fronteras”.

La jornada se cerrará con la intervención del conocido aventurero y presentador de televisión, Jesús Calleja, con una charla titulada ”Si no te gusta tú vida, cámbiala”

Esta iniciativa nace con un espíritu integrador y abierto a todos los profesionales para dar salidas a la actividad de la abogacía.

FEIURIS es una ocasión para buscar el primer empleo, una oportunidad de mejora laboral y una ocasión para reciclarse.

También ofrece a los despachos, que tengan en marcha algún proceso de selección, la ocasión de interactuar in situ, con la novedad propuesta one to one de entrevistas en directo, con candidatos que estén en búsqueda activa de empleo.